ABOGADOS ADMINISTRATIVOS EN ZARAGOZA
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La dirección del departamento está a cargo de un equipo de letrados en ejercicio altamente especializados, eficientes y con una sólida trayectoria profesional en el ámbito del Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo. Contamos con un alto grado de especialización en los distintos ámbitos de esta rama del Derecho, así como una amplia experiencia en materias como la plusvalía municipal, licencias de obra y tramitación de recursos administrativos, entre otras.
Qué es el Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo es la rama del Derecho que regula las relaciones jurídicas entre los particulares —ya sean personas físicas o jurídicas— y las distintas Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), así como sus organismos y entidades dependientes.
Su relevancia en la sociedad actual es incuestionable, ya que todos nos relacionamos de forma habitual con organismos públicos mediante actuaciones sujetas a esta disciplina jurídica. De hecho, se trata de una de las áreas con mayor volumen de litigios, siendo la jurisdicción contencioso-administrativa una de las que registra más procedimientos cada año.
Además, el Derecho Administrativo es un ámbito especialmente amplio y transversal, que abarca materias muy diversas y tiene presencia tanto en la esfera pública como en situaciones que afectan directamente al ámbito privado. Su regulación, en muchos casos dispersa y sectorial, y las particularidades de su tramitación ante los tribunales, exigen un elevado nivel de especialización técnica y jurídica.
Cómo trabaja nuestro Equipo de Abogados Administrativos
La intervención de un abogado especializado en Derecho Administrativo se solicita cada vez con mayor frecuencia con un enfoque preventivo e informativo. Somos conscientes de que la prevención es la mejor herramienta para evitar conflictos, por lo que nuestro equipo ofrece un asesoramiento previo riguroso y personalizado, incluso antes de que surja el problema.
Además, trabajamos siempre con el objetivo de evitar litigios innecesarios. En la fase administrativa realizamos un análisis minucioso de cada asunto, recopilamos la documentación y prueba necesaria y redactamos con precisión técnica las alegaciones y recursos oportunos. Resolver el conflicto en esta etapa es clave para evitar que el procedimiento se prolongue en la vía judicial.
Cuando no es posible obtener una solución favorable en sede administrativa, asumimos la defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, representando los intereses de particulares y empresas en procedimientos de muy diversa naturaleza. En todo momento, optimizamos el tiempo y los recursos del cliente, ofreciendo un servicio profesional, cercano y adaptado a sus necesidades personales, jurídicas y económicas.
Entre otros asuntos, intervenimos en reclamaciones de cantidad frente a Administraciones Públicas, conflictos derivados de contratación pública, procedimientos de responsabilidad patrimonial, expropiaciones, reclamaciones vinculadas a tributos como la plusvalía municipal, así como en materias relacionadas con el Derecho de Aguas y comunidades de regantes, entre muchas otras.
Derechos de los funcionarios y empleados públicos
Por último, merece una mención especial el ámbito de las denominadas cuestiones de personal. Los funcionarios y empleados públicos mantienen una relación jurídica especialmente compleja con la Administración en la que prestan sus servicios, sometida a una regulación extensa y que puede variar en función del organismo o entidad de pertenencia.
Nuestro equipo de Derecho Administrativo cuenta con una sólida experiencia en la defensa de los derechos de funcionarios y empleados públicos, prestando asesoramiento especializado en materia de personal y colaborando con organizaciones representativas del sector.
A modo de ejemplo, intervenimos en asuntos relacionados con la percepción de complementos retributivos (productividad, antigüedad, turnicidad, entre otros), el reconocimiento de la carrera profesional, la promoción interna, oposiciones y concursos, situaciones de incapacidad temporal, excedencias e interinidad, así como en otras cuestiones habituales en el ámbito de la función pública.
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